9/10/09

¿De qué trata el debate sobre la despenalización?

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L’Informe Mundial 2009 de les Drogues de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito aborda diferents aspectes que tenen a veure amb les drogues des d’una perspectiva global. D’entre elles, l’etern tema de la “legalització/despenalizació d’aquestes”. Aportem un text extret del Resum executiu d’aquest informe (pots descarregar-te l’informe sencer clicant aquí) on es tracta aquest tema i s’aporten element per a la reflexió.


Accedeix al resum de
l’informe original clicant aquí

A. ¿De qué trata el debate sobre la despenalización?

Se han formulado distintos argumentos a favor de que se ponga fin a la fiscalización de drogas sobre la base de argumentos i) económicos, ii) de salud y iii) de seguridad, y una combinación de los tres.

I. El argumento económico a favor de la legalización de las drogas propugna: legalicemos las drogas y generemos ingresos fiscales. Este  argumento está cobrando mayor popularidad ya que los gobiernos nacionales buscan nuevas fuentes de ingresos en el marco de la crisis económica actual. Este argumento a favor de legalizar y gravar no es ético ni económico. Propone un impuesto perverso, generación tras generación, a los grupos marginados (perdidos a causa de la adicción) para estimular la recuperación económica. ¿Acaso los partidarios de esta causa también están a favor de legalizar y gravar otros delitos aparentemente de difícil  solución como la trata de personas? Los esclavos de hoy en día (que se cuentan por millones) indudablemente generarían buenos ingresos fiscales que permitirían el rescate de bancos quebrados. El argumento económico también se basa en una lógica fiscal equivocada: toda reducción del costo de la fiscalización de drogas (debido a una reducción de los gastos de las fuerzas de seguridad) estará contrarrestada por un gran aumento de los gastos de salud pública (debido al incremento del consumo de drogas). La moraleja es que las transacciones perversas no deben legalizarse simplemente porque son difíciles de controlar.

II. Otros han sostenido que, después de la legalización, podría evitarse una amenaza para la salud (como una epidemia de drogas) mediante la reglamentación del mercado de estupefacientes. Esto también es ingenuo y corto de miras. En primer lugar, cuanto más estrictos sean los controles (sobre cualquier cosa), tanto mayor y más veloz será el mercado (delictivo) paralelo que aparecerá, lo cual invalida el concepto. En segundo lugar, sólo unos pocos países (ricos) pueden permitirse controles tan complejos. ¿Cómo afectará esto al resto (la mayor parte) de la humanidad? ¿Por qué desencadenar una  epidemia de drogas en el mundo en desarrollo en aras de argumentos libertarios formulados por un grupo de presión a favor de las drogas que puede darse el lujo de tener acceso a tratamiento por consumo de drogas? Las drogas no son dañinas porque se fiscalicen, se fiscalizan porque son dañinas; y causan daño, sea el adicto rico y bello, o pobre y marginado. Las estadísticas sobre drogas siguen siendo elocuentes. El crecimiento desmedido del pasado se ha aplacado y la crisis de las drogas del decenio de 1990 parece estar bajo control. Este Informe de 2009 aporta nuevas pruebas de que los cultivos para la producción de drogas (el opio y la coca) se han estancado o reducido. Lo que es aun más importante, los principales mercados de opiáceos (Europa y Asia sudoriental), cocaína (América del Norte), y cannabis (América del Norte, Oceanía y Europa) están achicándose. El incremento del consumo de estimulantes sintéticos, especialmente en Asia oriental y el Oriente Medio, es motivo de preocupación, aunque su consumo está disminuyendo en los países desarrollados.

III. La cuestión más grave atañe a la delincuencia organizada. Toda actividad en el mercado fiscalizada por la autoridad genera transacciones paralelas ilegales, como ya se señaló. Inevitablemente, la fiscalización de estupefacientes ha generado un mercado delictivo de dimensiones macroeconómicas que usa la violencia y la corrupción para mediar entre la demanda y la oferta. Si legalizamos las drogas, la delincuencia organizada perderá su actividad más lucrativa, afirman, pues, los críticos. No lleguemos a conclusiones apresuradas. La UNODC tiene plena conciencia de las amenazas que plantean las mafias internacionales de drogas. Nuestras estimaciones del valor del mercado de drogas (en 2005) no tuvieron precedentes. La Oficina también fue la primera en dar la voz de alarma sobre la amenaza del tráfico de drogas a países de África occidental y oriental, el Caribe, América Central y los Balcanes. Al hacerlo, hemos destacado la amenaza a la seguridad que plantea la delincuencia organizada, una cuestión que ahora se examina periódicamente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tras iniciar este debate sobre las drogas y la delincuencia, y tras haber reflexionado extensamente al respecto, hemos llegado a la conclusión de que estos argumentos que relacionan las drogas con la delincuencia organizada son válidos y deben tenerse en cuenta. Insto a los gobiernos a que reajusten su combinación de políticas sin demora e impongan una mayor fiscalización de la delincuencia, sin disminuir la fiscalización de las drogas. En otras palabras, mientras que el argumento sobre la delincuencia es correcto, las conclusiones alcanzadas por sus partidarios son erróneas. ¿Por qué? Porque no estamos ante un problema económico, estamos ante un problema humano. La política económica es el arte de administrar el dinero y de lograr un equilibrio entre inflación y empleo, entre consumo y ahorros, entre contrapesos internos y externos. La vida humana es otra cosa. Si comenzamos a hacer concesiones respecto de ella, terminaremos violando los derechos humanos de algunos. No puede haber intercambios, ni quid pro quo cuando la salud y la seguridad están en juego: la sociedad debe, y puede, proteger amb os bienes con determinación absoluta.
Insto a los heroicos partidarios de la causa de los derechos humanos en todo el mundo a que ayuden a la UNODC a promover el derecho a la salud de los toxicómanos: deben recibir ayuda y reintegrarse a la sociedad. La adicción es un problema de salud y no debe encarcelarse a los afectados, ni dispararse contra ellos, ni tampoco, como sugieren los defensores de este argumento, sacrificarlos para reducir la amenaza a la seguridad que plantean las mafias internacionales. Desde luego, estas últimas deben combatirse de la forma en que lo sugerimos más abajo.

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