8/3/10

Alcohol: ¿atenuante o agravante?

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Font: Diario Vasco. 2 de març de 2010.
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  • El Tribunal Superior de Navarra examina esta mañana la apelación por la muerte de la joven irunesa. La vista del recurso de Nagore aviva el debate sobre si la ingesta debe reducir la pena 

Atenuante, agravante, eximente. El debate se mantiene vivo. La sentencia que hace poco más de tres meses condenó a José Diego Yllanes y por la muerte de la joven irunesa Nagore Laffage reabrió la polémica. Primero el jurado y posteriormente el magistrado que dirigió el proceso contra el autor del crimen estimaron que el inculpado se hallaba en el momento de los hechos afectado por la ingesta de alcohol y que, en consecuencia, debía serle aplicada la correspondiente rebaja penal.

Colectivos de víctimas, asociaciones de mujeres y parte de la clase política alzaron de nuevo la voz para que el alcohol se apreciara como una agravante en delitos de violencia de género. No era la primera ocasión en la que este debate saltaba a luz pública. Lo había hecho meses antes. Incluso, la controversia había llegado al Congreso de los Diputados, donde fue analizado por la Subcomisión que estudió la posibilidad de mejorar la Ley Integral contra la Violencia de Género.

Tras nueves meses de trabajo, dicho órgano consideró que la exposición a los efectos de las bebidas alcohólicas o a las drogas no debía contemplarse como una circunstancia atenuante o eximente en los delitos relacionados con la violencia de género y, por el contrario, debía valorarse como agravante específica al igual que ocurre, por ejemplo, en los delitos contra la seguridad vial. Una semana después, sin embargo, el Congreso retiró la propuesta, si bien solicitó que, al menos, la ingesta de alcohol deje de ser atenuante o eximente.

El debate recobra hoy máxima actualidad, ya que esta mañana se celebra en el Tribunal Superior de Navarra la vista del recurso a la sentencia por la muerte de Nagore Laffage.

Acción peligrosa

Un magistrado, Ignacio José Subijana, de la Audiencia de Gipuzkoa; un profesor universitario, José Luis de la Cuesta, catedrático de Derecho Penal en la UPV, presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal, y Mariola Serrano, directora de Atención a las Víctimas de Violencia de Género del Gobierno Vasco expresan sus opiniones sobre este debate.

Ignacio José Subijana afirma que, en materia de seguridad vial, la conducción bajo la influencia del consumo de bebidas alcohólicas o de drogas tóxicas es un delito porque se estima que convierten la conducción en una acción peligrosa para la vida o integridad corporal o salud mental de las personas. «En los delitos de violencia intrafamiliar, incluida la de relación de pareja, la violencia, en sí misma, es ya lesiva para la vida o integridad corporal o salud mental de las personas, sin que el consumo de alcohol o de drogas incremente su dañosidad. Cuestión distinta es que el alcoholismo o la toxicomanía constituyen factores predictores del riesgo de sufrir una conducta violenta que hay que tener en cuenta, en cada caso, a la hora de perfilar una protección definida y eficaz de las víctimas», señala.

José Luis de la Cuesta sostiene por su parte que, en realidad, y a pesar de lo que comúnmente se suele pensar, desde la perspectiva penal, el alcohol y las drogas no son técnicamente agravantes en los accidentes de tráfico. «Los delitos contra la seguridad vial se caracterizan por la puesta en peligro de la seguridad del tráfico y el legislador entiende que conduciendo bajo el influjo del alcohol o de las drogas la probabilidad de que se esté poniendo en peligro la salud del tráfico es muy alta».

Estima el catedrático que no corresponde al Derecho Penal sancionar simples desobediencias de mandatos legales. Señala que «para eso» ya están los expedientes administrativos. «El recurso al Derecho Penal debería limitarse a los casos en que efectivamente se pruebe que esa presunción del legislador -la puesta en peligro de la seguridad vial- se ha verificado en el caso concreto, a cuyo efecto el conocimiento del índice de alcoholemia o del modo en que se conducía ha de resultar obviamente algo muy relevante», afirma.

Medir responsabilidades

De la Cuesta cree que para medir la responsabilidad penal no basta con constatar que se ha realizado el comportamiento prohibido con carácter general, sino que es preciso, a continuación, determinar el grado de culpabilidad individual. «Para ello, el Código Penal prevé ciertamente un listado de circunstancias atenuantes y agravantes y conforme a esos listados la intoxicación etílica o por drogas no son agravantes: sino que pueden llegar a tener efectos eximentes o atenuatorios, según cuál sea el grado en que efectivamente hayan limitado la capacidad del sujeto del sujeto de controlar sus actos», precisa.

José Luis de la Cuesta indica que a pesar de lo que recogido en alguna jurisprudencia «esto también ha de aplicarse a los delitos contra la seguridad vial, de modo que si las pruebas convencen al juez de que en el caso concreto efectivamente fue así, deba siempre aplicar la correspondiente atenuación, pudiendo imponer, en su caso, además de las penas, las medidas de seguridad que legalmente correspondan».

El profesor añade en este sentido que «otra cosa es que, igualmente y acto seguido, haya de comprobarse si el sujeto se colocó intencionalmente en aquel estado para delinquir o si actuó de manera imprudente, sabiendo que podría delinquir si se emborrachaba y sin embargo no evitó embriagarse o intoxicarse». En el caso de que fuera así, la embriaguez o la intoxicación no deberían generar beneficio alguno para el infractor en el ámbito penal, precisa De la Cuesta.

Para Mariola Serrano, hay que tener «especial cuidado» puesto que «podríamos dar pie a considerar como verdad el mito de que la causa del problema de la violencia de género está relacionada con esa circunstancia». En opinión de Serrano, el problema de la violencia de género tiene raíces ideológicas, lo que hace que hoy en día siga subsistiendo esa lacra en nuestra sociedad. La única forma de que desaparezca es eliminando el sexismo desde la infancia, por eso hay que incidir y trabajar desde la educación, concienciación y sensibilización».
Siguiendo la línea planteada por la Subcomisión del Congreso sobre violencia machista, Serrano opina que podría solicitarse que la intoxicación etílica o por drogas no constituyera en modo alguno eximente o atenuante, «si bien es cierto que son escasas las ocasiones en las que los tribunales aprecian tales modificativas de la responsabilidad criminal».

Efecto positivo

Sobre la posibilidad de que la positiva experiencia que la normativa ha tenido en materia de tráfico pueda ser aplicada también en la violencia doméstica, Ignacio José Subijana señala que el «rigor punitivo» de la ley penal en el tratamiento de la violencia intrafamiliar, incluida la violencia en la relación de pareja, ha llegado a un límite difícilmente superable sin incurrir en una desproporción sancionadora. «Por ello, la eficacia disuasoria de la pena en esta materia probablemente esté agotada, lo cual no significa, en absoluto, que deba decaer la intervención pública o el compromiso cívico. La educación emocional tiene, en este sentido, una importancia fundamental para interiorizar el valor del otro como alguien con el que crear un espacio compartido desde la libertad del diferente».

Por su parte, José Luis de la Cuesta considera que, por el modo y las circunstancias en que los hechos de violencia doméstica se producen «no parece que pueda esperarse un efecto preventivo similar al de los delitos contra la seguridad vial, cuya fenomenología es ciertamente muy distinta de la de aquéllos».

«Otra cuestión es que, confiando más en el juez penal, en lugar de incriminarlo todo con tanto detalle se les de a los jueces más libertad, como en los países anglosajones, para apreciar las circunstancias del caso concreto, motivando muy bien las decisiones. Ahora bien, esto conlleva un mayor riesgo de decisiones divergentes, algo que no suele tampoco gustar a la opinión pública, por lo que supone de afección de la seguridad jurídica», dice De la Cuesta.

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