30/7/09

Ya hay 729 conductores en la cárcel

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Font: El Mundo. 30 de julio de 2009.
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  • Los ingresos en prisión aumentan un 71% desde enero
  • La mayoría de los casos han sido automovilistas reincidentes
  • Los juzgados han impuesto 117.000 condenas desde finales de 2007

Todos han acabado en la cárcel porque sus infracciones tuvieron como consecuencia la muerte o graves lesiones de terceras personas o porque han pasado por los juzgados tantas veces por cometer los mismos delitos con el coche, que al juez no le ha quedado otro remedio que enviarlos a prisión por un plazo de entre tres meses y cinco años.
 

Todos han acabado en la cárcel porque sus infracciones tuvieron como consecuencia la muerte o graves lesiones de terceras personas o porque han pasado por los juzgados tantas veces por cometer los mismos delitos con el coche, que al juez no le ha quedado otro remedio que enviarlos a prisión por un plazo de entre tres meses y cinco años.

Las cifras corresponden al balance de actuación desde la entrada en vigor de los delitos contra la seguridad vial que realizó ayer el fiscal coordinador de esta materia, Bartolomé Vargas.

La principal conclusión de este balance es que se ha retirado de la carretera a los conductores más peligrosos con las herramientas más contundentes.

En prácticamente año y medio, los juzgados han impuesto 117.654 condenas a automovilistas que han vulnerado la ley. Además de por circular bebido o sin carné, los principales delitos han sido correr demasiado, negarse a realizar pruebas de alcoholemia o conducir de forma temeraria.

La tarea ha supuesto una carga de trabajo considerable en los tribunales. Un 40% de los juicios rápidos que se celebran en España corresponde ya a delitos contra la seguridad vial y los juzgados encargados de ejecutar las sentencias han visto crecer su carga de trabajo en un 20%. Son consecuencias que ya estaban previstas cuando se preparó la entrada en vigor de los nuevos delitos y, según Vargas, no se debe a que la criminalidad vial esté desbocada, sino a que la ley «se está aplicando de forma más eficaz». Quizás por eso, también han salido a la luz problemas imprevistos como el de la multirreincidencia.

Policía local

«Antes, prácticamente todos los controles de alcoholemia los realizaba la Guardia Civil, pero en el último año los ayuntamientos y las policías locales se han implicado de lleno en la seguridad vial y ha aflorado un colectivo de conductores que no estaba previsto», explicaban ayer fuentes de la Fiscalía.

Son básicamente este tipo de automovilistas los que han protagonizado el espectacular aumento de reclusos por seguridad vial. En los últimos seis meses, el número de condenados sólo por estos delitos que ha ingresado en prisión ha crecido un 71,1%.

En la mayoría de estos casos, la multireincidencia corresponde a conductores cazados en sucesivas ocasiones con tasas de alcohol superiores a 0,6 miligramos por litro de aire espirado o por ser sorprendido varias veces circulando sin carné.

En 2007, Tráfico calculaba en 25.000 el número de personas que conducían sin permiso y desde 2008, las condenas por este delito -castigado con hasta seis meses de prisión y multa de entre 720 y 288.000 euros – ascienden a 42.906.

La ley establece que la pena de prisión puede ser sustituida por trabajos comunitarios. Sin embargo, según admitió la Fiscalía, no existe infraestructura para ejecutar estas sentencias y muchos condenados no las cumplen, por lo que cerrará en los próximos meses un acuerdo con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para resolver el problema.

Además, Vargas anunció que se reforzará la investigación sobre los delitos en el ámbito del transporte profesional, para lo que ha designado como coordinador al fiscal Agustín Hidalgo. «Como consecuencia de la crisis económica, algunas empresas obligan a sus empleados a prácticas que ponen en riesgo sus vidas y las del resto de usuarios, exigiéndoles conducir más horas de las permitidas y manipulando los tacógrafos», afirmó.

La mala calidad de las infraestructuras y su señalización también serán objeto de estudio por parte de los fiscales, que en determinados casos estudiarán exigir responsabilidades administrativas además a sus titulares.

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